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en et sistema legal para imponer la voluntad del gobernante
sobre el gobernado.
Presentación
En las formulaciones teóricas del estado de derecho se han
fincado los medios que hacen efectivo el apego de la actividad
de la administración pública a la legalidad, en especial cuando
se afectan los intereses de los particulares. Estamos entonces en
los terrenos de la Justicia Administrativa. En este ámbito, es
dogma la acmación de la autoridad, en ejercicio de la potestad
pública, debe quedar sometida a la forma -principio de
legalidad- y dirigida a cumplir con un imperativo de justicia
inherente a la ordenación social.
Los gobernados, en nuestra materia conocidos como
administrados, tienen medios de defensa contra la
arbitrariedad administrativa, aun cuando tenga objetivos
indudablemente de beneficio social. La naturaleza dinámica
de la norma administrativa y la flexibilidad de su aplicación
por las autoridades administrativas (acrecentada con la
facultad discrecional) convierten al acto administrativo en ta
manifestación inmediata de la autoridad estatal para los
gobernados, a quienes se les otorga un conglomerado de
derechos de defensa para hacerlos valer mediante instancias,
que les permite impugnar la actuación administrativa.
Sin embargo, el particular, para acceder a la Justicia
Administrativa, debe satisfacer una serie de formalidades y
tener un conocimiento del sistema defensa, plagado de
dificultades técnicas limitadoras de sus posibilidades para
hacer valer sus legítimos derechos.
Las controversias entre la administración pública y los
particulares -las cuestiones administrativas- implican una
doble problemática: por una lado jurídica, en el sentido de
que la complejidad desmesurada de la normativi dad
administrativa, la aplicación del principio de estricto derecho
y la limitación de la jurisdicción administrativa de ser un
mero y reducido control de la legalidad, hacen de la Justicia
Administrativa, un sector de conocimientos destinado al
análisis dogmático y exegético, sin considerar el otro
problema, el de naturaleza política, en el cual la cotidiana
tarea de ejercer el poder aprovecha imprecisiones y olvidos
constituyentes y legislativos, formula tortuosas
interpretaciones de los textos jurídicos y provoca Gradaciones
La Justicia Administrativa no se puede considerar como
parte de alguna de las grandes y consagradas ramas del
derecho público (administrativo, fiscal y procesal), pero es su
indiscutible deudora, pues de esas ramificaciones se han
elaborado las construcciones doctrinales que la nutren.
Porque la Justicia Administrativa no se reduce al
conocimiento de los recursos administrativos y de la
jurisdicción administrativa. Como disciplina jurídica está por
desarrollarse, aunque ya se están dando los pasos para
destacarla en l o s estudios jurídico Trata de forjar su propia
sistemática, a partir del establecimiento metódico y ordenado
de sus temas, siempre considerando una summa drvúo.La