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dos, la necesidad de ajustarse a los criterios fijados
por el gobierno, las formas de recuperación adop–
tadas presentan variaciones significativos con los
criterios aplicados por RHP . En el caso de F A C se
han hecho una serie dc adecuaciones a las condi–
ciones acordadas con RHP , partiendo del criterio
de que no es adecuado otorgar un trato igual a de–
siguales. De modo que actualmente esta institución
subsidia las cuotas de entre un 15 a 20 % de los
beneficiarios de sus programas, mientras que consi–
dera que el resto, aunque con dificultades que qui–
zás requieran una revisión del asunto, está en con–
diciones de pagar su vivienda de acuerdo con las
condiciones fijadas por RHP .
6.1.2. Cuotas pagadas por los henenciarios
La encuesta aplicada a 123 familias beneficia–
rías de programas no gubernamentales d'.; recons–
trucción, proporciona datos que permiten estable–
cer en forma relativamente confiable como se han
traducido en términos dc compromisos monetarios
para tos beneficiarios, tos diversos críleVíos aplica–
dos lanto por las propias organizaciones donantes
como por las organizaciones sociales intermedia–
rias, en la recuperación de los recursos otorgados.
Una primera constatación significativa es que
un 34.2 % de las familias entrevistadas declararon
no estar pagando cuota a la fecha del levantamiento
de la encuesta (cuadro 6.1). Dentro de esto panora–
ma general, se puede advertir que sólo en el caso
dc los beneficiarios de programas fmanciados por
ta F A C existe una situación regularizada de pago
por parte de los beneficiarios, los cuales en et 100
% de los casos declararon que estaban pagando
una cuota. En cambio, una tercera parte de los be–
neficiarios de programas de UN I CE F declararon
no estar pagando cuota y, en los restantes casos rc–
cojidos a través de la encuesta
resultó que cerca del 50 % no estaba, al menos
por el momento, pagando cuota o ignoraba la exist–
encia de una cuota.
Entre los 41 casos en que se declaró no estar
pagando cuota, el 58.5 % (es decir el 20 % del total
de beneficiarios entrevistados), afirmó que ello
obedecía a que todavía no habían comenzado a lle–
gar los recibos correspondientes, micniras que el
restante 41.5 % (es decir el 14.2 % del total), adujo
razones diferentes que en general implican que no
tiene ta expectativa de abonar una cuota en el futu–
ro (cuadro 6.2).
Es decir que et panorama resultante, con la ex–
cepción dc los programas correspondientes a la
FAC, muestra un grado elevado de situaciones no
regularizadas (beneficiarios que suponen que paga–
rán una cuota pero que no han comenzado a pagar–
la) y un conjunto más reducido, pero también signi–
ficativo, cuya expectativa no es pagar una cuota en
el futuro. En realidad si tenemos en cuenta que la
muestra considerada corresponde a un universo de
5049 viviendas (las fmanciadas en la ciudad de M é –
xico a través C RM , FAC , UNICEF,
U P I CM / UVCG , CRS y C E M A D (cuadro 1,1), de
las cuales 2,503 fueron financiadas por la FAC, ins–
titución que si ha desarrollado mecanismos regula–
rizados de percepción de cuotas', lo que resulta cs
que más de la mitad de los beneficiarios de los pro–
gramas correspondientes a las otras organizaciones
consideradas en la muestra, muy probablemente no
se encontraban pagando cuota al momento de ta
encuesta.
En cuanto al monto de las cuotas abonadas, el
panorama resultante es el que se presenta en los
cuadros 6.3 y 6.4; más de la mitad de tas familias
entrevistadas que declararon estar pagando una
cuota, señalaron montos equivalentes a ta mitad o
menos de la cuota correspondiente, a ta fecha de la
encuesta, para tos beneficiarios de vivienda nueva
del PRHP (72,000 pesos).
Para el conjunto considerado, el promedio de
las cuotas abonadas resultó de 40,283 pesos, es de–
cir cl 55.9 % de la cuota antes mencionada, con im–
portantes variaciones según la organización que ca–
nalizó los recursos. Los promedios inferiores, como
era previsible, corresponden a aquellas organizacio–
nes cuyos programas abarcaron la totalidad del cos–
to de la vivienda a través de donativos y en los cua–
les las cuotas aplicadas se aplican por lo general a
la constitución de fondos revolventes por parte de
las propias organizaciones sociales intermediarias.
Así, el promedio de las cuotas pagadas por los be–
neficiarios de los programas de la U P I CM y la
U V C G y de la CRS, 23,565 y 32,161 pesos respecti–
vamente, resultan notoriamente inferiores al corres–
pondiente a los beneficiarios de la F A C -51,817 pe–
sos-, institución que como ya se ha mencionado es
la que ha manejado ei esquema de recuperación
más semejante al gubernamental.