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los sismos se septiembre, refor–
mó algunas disposiciones, con el fin dc contrarres–
tar varias prácticas irregulares
y
especulativas por
parte dc los arrendadores. Frente a la celebración
generalizada de contratos de "machote", en los cua–
les los inquilinos renuncian a los derechos que les
otorga el Código Civil, dicho dicri'lo declara irre-
nunciiibles las nuevas disposiciones que los licnufi-
cían. Además, fija como aumento anual permitido
el
8.5%
del incremento que haya experimentado el
salaria mínimo en el año. Sin embargo, dicho de–
creto no regula la fijación del monto de la renta al
momento de celebrarse (o renovarse) el contrato
de arrendamicnlo. Durante el año de
1985
y hasta
los sismos de Septiembre, tanto investigadores co–
mo líderes de asociaciones dc inquilinos coaslala-
ron la escasa aplicación del decreto, los aumentos
incontrolados de las rentas y el incremento de los
juicios de deshaucio y desalojos.
Desde hace varios años se ha comprobado una
disminución constante en la oferta de vivienda en
renta dentro de la Ciudad Central, producto de la
estrategia de desalojo y venta dc los terrenos (ve-
cind.idcs) o dc la vent.i en condominio de los edifi–
cios de dcpari amentos. U)s prttgramas dc renova–
ción urbana V habitaeitmal. que entregan las vivien–
das nuevas en propiedad, coniribuyemn también a
la disminución constante del alquiler en la Ciudad
Central. La escasez creciente de alquiler de bajo
costo, aunada a la gran demanda de vivienda con
ubicación céntrica, permitió a su
vcv
a los propieta–
rios cobrar niveles de renta cada vez más elevadas.
Los inquilinos, por su parte, intentaron defen–
der sus intereses a través de la creación de asocia–
ciones de defensa, las cuales nacieron en la década
de los setentas, en las colonias Martin Carrera, Te-
pilo, Morelos y Guerrero. En abril dc 19S2, eran
ya doce las organizaciones inquilinarias que cele–
braron la "Primera Reunión de los Inquilinos de la
Ciudad dc México". La mayoría de ellos provenían
de los barrios y colonias de vecindades de la Ciu–
dad Central. Sus instrumentos de lucha eran la de–
fensa jurídica de los inquilinos ante los tribunales
cím
I
cs
de los Juzgados de Paz (por aumento dc ren–
tas > juicios de deshaucio), la congelación del pago
dc las rentas mediante depósitos en Nacional Fi–
nanciera y la mimlización masiva para impedir físi–
camente las sentencias de desalojos dictadas por
los tribunales.
A partir dc 1982, con la agudización de la crisis
económica, el conflicto inquíiinario se endureció.
Los desalojos se hicieron todavía más frecuentes y
violentos. La inflación impulsó una espiral alcista
de las tasas de interés, por lo que el rendimiento
del capital inmobiliario rentista resultó cada vez
menor en relación con el renlismo financiero. Por
otra parle, los propietarios pretendían emparejar el
aumento de las rentas con la inflación. Por último,
el control dc salarios y la pérdida del poder adqui–
sitivo hacían cada vez más agudo el peso dc las ren–
tas dentro de los gastos dc los hogares.
En esta coyuntura, se produjeron los sismos de
1985. No fueron pocos los propietarios que vieron
los sismos como una oportunidad única para desa–
lojar a sus inquilinos; con el aval de expertos y peri–
tos argumentaron la inhabililabilidad de los inmue–
bles' . La reacción de tos inquilinos, particutar-
mcnte en los barrios donde ya existían prácticas de
defensa inquilinaria, fue lo suficientemente organi–
zada y decidida como para crear una situación muy
tensa, con algunos casos de enfrentamiento físico,
que exigió la intervención de las autoridades. La
expropiación se planteó entonces, tanto como una
reivindicación levantada por las organizaciones de
inquilinos como Una respuesta que "resolviera" el
conílicto inquilinario mediante el acceso de los in–
quilinos a la propiedad del inmueble.
2.SAntecetíi'níes: Acciones Públicas de Renovación
Habilacional
El programa de RHP se situa dentro dc la tra-
yectora histórica de una serie dc acciones dc reno–
vación urbana que se habían llevado a cabo, tiempo
atrás, en tos barrios centrales deteriorados.
La vi9i6n higienista d«l problema
y
la "Renovación
Bulldozer'
Desde 1958, el Instituto Nacional de la Vivien–
da (l.N.V.) anahzaba la situación deplorable del in–
quilinato central y caracterizaba como "Herradura
de Tugurios" a las cotonías Guerrero, Lagunilta,
Tepito, Morelos, Penitenciaria, La Merced, Tránsi–
to, Buenos Aires, Algarín y parle de la colonia
Obrera: un total dc 1,1(X1 hectáreas, con 732 man–
zanas y una población entonces, superior a los
500,000 habitantes (l.N.V. 1958). Según esle estu–
dio, 45% de las viviendas de la "Herradura de Tu–
gurios" debían de ser demolidas y solamente 25%
ofrecía condiciones aceptables de habitabilidad. A
esle diagnóstico de corte higienista se articulaba