Página 247 - Coordinación de Servicios de Información

1.^ prccis:\mcntc por eso qui: cn cu.ilquicr invo^iig^ción sobre c o n -
n'iicio^o fiícjl mexicano, noÍ?S [,1 fuci.! dc siü^f cl empano ele colocarlo
cUitiro tlr .ilguno ílc los dcp .inamL-ntOí crt-.iilo^ ¡jor cl inajcíiu^'-o. por
^ I •.ni^r.-iblc derecho (le do^inullo [jiccoiic>.no. í]mc con IJ h-iiniud con
qu!.' ÍL- cuiisiruyc lo qüc ha i}^ ser pci iiuiícinc, M - ha C!i.Mdo fn 1 u r í u
p.n.i cMabkccr las formas ptoccialts dcl ücrcrho admiiiistrati\o,-
iXucstro juicio iribüiario cs mu\ francrs. No cs jí.iliano. ni n-tenci
.^n'.;losajón. Ln el prefacio dc su ¡mponantc Traiñdo át: Direcho Ad-
1/KfiijtraiÍL'o que sc publicó cn 1953. y cn cl que probablímcnu' se cn-
CLirntr:in piedras esenciales para cimeni.ir en E>íaduj U H I U - J Í I J
i.\p,ins¡ón fuiíira de esa disciplina jiniflica, Kcnncdi Culp Davii ha
C^eáio: ''La enorme masa derecho atíminislralivo que ha íur^ido
ct) dcccnioí recientes, necska seriamente una exposición sistemática
l ^K- Tratado puccle piírcialmcnie iatiííaccr ei^a necesidad, pero no máí
que |)arcialmenic.. - Aunque hemoi tenido un proceso federal admi-
níjtran\o desde los problemas actuales que plantean los texto;
modernos son, en general, caracierísiicamentc nuevos y fluidos. . . Una
siilcmátrea exposición de principios con frecuencia debe esperar una
inirracción mucho mayor dc la inaginación y dc la experiencia, un
ma\or periodo dc desarrollo de un caso a otro, una mayor evolución
a r|•a^ C'S del melado dc ensayar y errar, Los principios satisfactorios que
gobiernan esos intrincados problemas, rara ve2 pueden surgir ya cua–
jados tienen que crecer durante un período de tiempo. . ."'
Los mexicanos no podemos cspernr pot varios siglos cl lento des-
niTollo de la jurisprudencia que de un c a « a otro vaya perfilando los
lincamientos básicos del rierer .ho administrativo. Somcs un pueblo im–
paciente, y a pcs.ir dc lo q'j-^ ifirma en contrario, no £-;mos en:°r^-
mcnic ^enófobos, importamos del rvtranjero lo que suponemos que el
país necesita. Maquinaria que aún no producimos. Capital que aún
no genera suficientemente nuestra propia economía. Técnica ajena
cuando la podemos emplear en cualquier dirección, y conceptos jurí–
dicos que creemos que pueden venmrosamente trasplantarse a esta tie–
rra, en este clima. No nos avcrg^jcnza el hecho dc que cl Código de
Napoleón haya influenciado tan intensamente la legislación civil me–
xicana, ni que la fuente mayor dc nuestro derecho mercantil sea ita-
üuna, ni que nucsira Constitución misma, tan errónea como inevitable–
mente, ^e haya copiado dcl modelo norteamericano.
Pero es también correcto afirmar que nuestras miponacioiies st ha–
cen pronto mestizas. Del sistema tÍe los "writs'" surgió b mexicanisima
institución del juicio dc amparo, no idemificable a '"v^rit" ak^uno nor–
teamericano, que con lodu y sus imperfecciones v deficiencias, ha pro–
porcionado un camino hacia la legalidad. Y csio sin olvidar que un
"estado de derecho" depende mucho mas de las cositimbres. del nivel
económico y cultural, dei índice social imperante, que de bs formas
jundicas del derecho público y privado.
Asi pues, permitidme volver los ojos a Francia al hacer el cotejo del
juicio fiscal mexicano con el conrcncioso administrando francés.
Desde luego excluiré dc mi exposición cl contencioso de imcrpreía-
ción y de apreciación de validtrz, porque no es aplicable al campo d d
derecho tributario mexicano, al menos cn el estado actual de las normis
procesales de b jurisdicción financiera me.4icana. Ese contencioso se
abre cuando, según explica Hauriou cn su Préiis EiémentQire, ai apli–
carle un acto de administración, su sentido es oscuro y su\aLidcz está
controvertida i esta o5curid ;id y duda legal consntuycn una cuestión pre–
judicial, que es justamente el contencioso de interpretación.* También-
excluiré de mi campo dc análisis cl contencioso de represión, dc simple
policía o correccional, en el que sc examina b legalidad de una sanciór
administrativa, que cn Francia como cn ^féxЗco corresponde cn priib
cipio a los tribunales judiciales; con excepción entre nosotJOS dei im­
portante sector de infracciones a leyes fiscales."
El meollo del contencioso administrativo istá en el dt anulación y
Cn el dc plena jurisdicción.
El recurso de annbcfón e-:tá dirijidn siempre en елпгга de una
"decisión ejecutoria", es decir, de un acto administrativo que emana
xinibleralmcnte de un órgano del Estado, dentro dc su actuacJón sobe­
rana, de su poder dc imperio; acto que por el interés general que corres­
ponde al campo de derecho público en el que sc desarrollan las fimdoncs
estatales, es ejecutable "per se'\ sin previas formalidades de orden ju­
dicial.'
En el dc plena jurisdicción sc pretende que un juez conozca CD SQ
conjunto dc una situación creada ai ejecutarse ima operación atJminis-