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UII.I dciafi-clatión iiuli\ ¡diiiil por v i mu l dt l;t cual se ik-diiiiii-ii ya
lio a atciultr las nt -ccsíibilLS griicrnlts, sino a la rcpnraclóii con-
CTCI.i del agravio.
I'or И 0 « qtif esl.T SL-putuLn Гоппл de loiilciicio») no se liii
p o d i d o e n t e n d e r mmrn como мт ri'hición jiiridic.i del ]Kiri¡ciilar
con t i ¿rgTino, sino que lia linbido (¡iic aceptar r|iic cuando existe:
coilíorcnc л1 dcrccito ])Osliivo, cl ^omcti(lo я b jurisdicción no cí
cl órpano sino cl F-stniln. tsta foriiin scf;titicl;i Jt; contencioso (([iie
en Ь doctrina Trniiccsa se ¡bni.i ct comcncinso de рк'пл juriitlic-
cióii, cn oposición л1 contencioso de amibción, ll.iinntlo t a m b i í r
objetivo porque es 011 tomciicioso en que propisnictitc, <lice una
p a n e de l.l doctrina, 110 hay dcmand.i<lo) no puede concebirle .-1IIÍ
doiiilc el panieuhir no cuenta con medios expeditos, ya no <!c en–
juiciar al ó r p n o del Eslido, sino al Estado mismo: ya no de
dcmantlnr en abstracto ta anulación del acto i'CS|K.-elivo, sino de
demitidar al Estado m i s m o . Vemos pues, cómo este pioblcnu nos
llev.-' naturalmente a b cuestión de la forma de enjiiiciamicnio
del Estado come persona jurídica; es decir, cn México, al pro–
blema de \oi casos (jiara limitarnos a h Administración Federal
que es la única que hemos tocado) en que la Federación ei parte.
La afirmación de que no p u e d e liablaríc de una defensa real
del particular de la segunda manera señalada, alH donde no cuen–
ta con un medio expedito de enjuiciar al Estado, no es original.
Carleton Alien, jirofcíor inptís, en una monografía suya, ya tilla–
da, "Hurocracia Triunfante" que toca los problemas de la justicia
administrativa en Inylaieira, muestra c ó m o no puede hablarse en
su pats de una ical justicia administrativa cn semitlo material,
por bs diticultadcs con qtie tropiera cl particular para demandar
al Estado.* Choca, desde hipgn, con los ¡irincipios cJ;is¡co! de que
la Corona nunca iincc mal y Je qut el Estado no puede ser de-
iiLitid.iiiu sin sn coiisctitimiinio, pero tainliicn con l.i ioin|ilcji-
il.iil (le las jiiiisiliciiones in;;lo,ii y con la talla ile .ijusic ile esas
jiii isili('eiiiiii.'s con las eiiliit.tdo ik' nuevo tijio que cl Eitado S'a
itcindn p a r i ill о1)гаг cad.) di.i mis ;iinplto, m.ii invasor de la
aciivid.id privada. En Estados Unidos también se lia estudiada
esta situación. I.a misma diticuliad que en Inglaterra coiistilU)^
et principio de que el Estado no puede ser (tcniandado sin su con-:
seiiiimicnto, existe cn cl derecho amcricniío. Una de las primera!
leformas de la Constitución posterior a la Can.i de Derechos (que
ya impKciíamente esi.iba aceptada desde qne se raiilicó cl texto)
iivo por objeto ¡noliibir a la Suprema Corte que enjuiciara a los
Esiados sin su conscntiniiento romo ¡o liabí» lieclio c n el famoso
caso de Cliisbnim contra Ceorj;ia, que don Emilio Rabasa cita
ruando cn sil obra sobre El Juicio Constiiticional atilde a las di-
iciiltadcs en qui: se halló la Suprema Corte de Estados Unidos
ara fincar su aiitorid.id. La refoima iiiid¿ciiiia tuvo que declarar
n Forma expresa que nunca so extendería l.< jurisdicción de la
Corte liasta enjuiciar a un Estado sin su conscnlimícnio.
£1 Alto T r i b u n a l iraüicionalnicnie lia resuelto que cuando cl
articulo 3^ fracción I I de la Coiiitiliicíóii liabla de que el poder
judicial se extenderá entte oirás a las "controversias en que tos
Estados Unidos sean pane", sienta un principio cuyo alcance hay
que establecer en armonía con las viejas reglas que en materia de
enjuiciamiento regían y eran respetadas cn la ¿poca en que se
dictó la Constitución, En una ejecutoria todaví.i muy reciente,
la de Williams contra Estados Unidot, la Suprema Corte reitera
su imerprctacióu y declara que el precepto citado luando habla
de h í controversias cn que los Estados Unidos sean parte, en r i –
gor se refiere sólo a aquellas en que sean actores.
N o debe pensarse, sin embargo, que el derecho noneamcric»-
lio tío conoíca hipótesis alí;una de enjtiíciainjento del Estado •
instancia de particulares. Desde 185.^ se abordó el problema al es>
tabiccerse la Cortí; de Kcchiinaeiones (Court of Claims). De 1855
a tSGS, рог disposición legal tos fallos condenatorios de la Corte
que implicasen erogación de fondos piíblicos no podían cumplirte
sino cuando el Coii¡,rreso, a propiieita del Secretario del Tesoro,
hiciera la necesaria provisión de fondos. En etc año la Suprema
Corte dictó una ejecnioii». Cordon vs. Estados Unidos, resoMen-