Página 83 - Coordinación de Servicios de Información

(Irjado va de SIT un prciblema рог grandp que sea la cuantía de
las jndfTiinií.irioncs, dato éste que rn Kspaña y en cualquier otro
luKiir siiplp ser. por razones metajurídicas pero obviaí, el principa]
obstnculii real a l.i estimación de las demandas de resarcimiento.
La reciente sentencia del 6 de marzo de 1 9 8 5 e s una prueba pal–
pable de lo que digo (hundimiento de un superpetrolero en el
puerto de La Coruna al chocar con una aguja rocosa no indicada
en las 1 nrtas marinas; la demanda ha sido estimada a pesar de que
el importe —valor del barco hundido y su carga—asciende a más
de diez millones de dólares).
Ij3 iniputarion del daño a la Administración tampoco ofrece
dificullades mayores, incluso en casos en cierto modo límites. En
este sentido merece citarse el dictamen del Consejo de Estado del
18 de noviembre de 19Й5 que estima procedente la indemniza­
ción solicitada por una empresa exportadora española por el im–
porte de lina operación abonada en su día por el Gobierno de
Sierra Leona a la Agente Consular honoraria de España en aquel
país, con el que dicha agente terminó alzándose en beneficio pro–
pio. La Agente Consular excedió sin duda, el límite de sus atri–
buciones, y terminó cometiendo un delito, lo que, obviamente,
está fuera del servicio público y constituye, desde ei punto de
viíta jurídico penal, una acción estrictamente personal. La pers–
pectiva de la responsabilidad, sin embargo, es otra, )a cobertura
de la víctima, para la que la apariencia fundada de una actuación
regular de! agente o funcionario es suficiente a los efectos de po–
ner en 61—y en la Administración a la que parece tener detrás—
toda su confianza, confianza que la Administración no puede
defraudar.
Subsisten, claro está, dificultades en los casos de funciona–
miento normal de los servicios públicos y es que, en este ámbito,
aunque la cláusula general cubra, en principio, el supuesto, no
siempre cs fácil deslindar lo que constituye una carga común a la
generalidad de los ciudadanos (no indemnizables) y una carga o
sacrificio especial impuestos a alguno en concreto a resultas de
situaciones realizadas en beneficio de todoe (indemnizable).
Esta es, en efecto, la doctrina general, que aparece perfec–
tamente plasmada en el dictamen d d Consejo de Estado del 8 de
julio de 1974, que por esa laión merece la pena tiascribtr aquí.
"Los danos causados por el normal funcionamiento de los
servicios públicos son, por lo común, cergas no indemnúobks
que los administrados tienen íl deber jurídico de soportar a causa
de su generalidad, sin embargo, cuando ta carga pasa de ser gene–
ral a singular y entraña un sacrificio excesivo y desigual paia algu–
nos de los administrados, se convierte en una lesión indemnizable
en razón de la particular incidencia dañosa de la actividad admi–
nistrativa sobre el patrimonio del perjudicado. Esta mayor inten–
sidad del sacrificio postula claramente el reconocimiento al admi–
nistrado del derecho a obtener la indemnización compensatoria
del daño sufrido que, por su gravedad excepcional, no puede ser
considerado como una carga genera] de obligado acatamiento".
Una sentencia de la Audiencia Nacional del 2 de enero de
1980, de la que fue ponente el doctor Kernando Ledesma, actual
ministro de Justicia, aplica con toda precisión esta diferencia, los
daños derivados de una devaluación monetaria no son indemniza-
bles porque gravitan con carácter general sobre todos tos ciuda–
danos, si lo son, en cambio, losmayores costos que a resultas de
la devaluación recaen sobre un contratista que tiene que adquirir
en el exterior los equipos contratados con la Administración des–
pués de acordada la devaluación, por no haber obtenido todavía
en ese momento la licencia de importación solicitada por él con
anterioridad.
Las dificultades aludidas se incrementan en los supuestos de
responsabilidad por actos administrativos lícitos. Los casos más
frecuentes suelen plantearse a propósito de la modincación de los
planes urbanísticos, de la revocación de autorizaciones y licencias
por motivos de oportunidad y de la revocación de licencias otor–
gadas erróneamente o con infracción de la normativa aplicable.
En todos estos casos, que no puedo ya analizar hquí con de–
talle, hay en nuestro derecho normas de cobertura específicas
que consagran la posibilidad de ezigii y obtener el resarcimiento.
La reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana realizada
en 1975 ha procurado limitar la procedencia del íesarciroiento en
los supuestos d*. revocación de licencias por motivoa de legalidad
precisando en et nuevo artículo 232 que "enningún caso habrá
lugar a indemnización ai existe dolo, culpa o negligencia graves
imputables al perjudicado", pero la jurisprudencia ha interpreta–
os