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La sentenria mas espectacular de csi.i decada es la producida
en el asunto de "los novios de '¡ranada" l a sentencia, del ! 2 de
marzo de 197&, condena a la dipiilación provincial de (ìranada
a indemnizar a la familia de una pareja de novms que paseaba jun–
to al Hospital Trovincial, depenilii-nte de l,i Dipufariun cuandc
un demente internado en el mismo se arrojó por 1я ventana cau­
sando la muerte al novio y heridas de cierta considetaciim a la
novia. Según la sentencia, la dipulacioii provincial "no puede
exonerarse invocando, como ha hecho. .ÍU imputación a la acción
de tercero, puesto que el perturbado, al hallarse internado en el
hospital, no constituía agente extraño al funcionamiento del cen–
tro, sino un usuario interno que, como lal. se integraba en su
organización y disciplina". Entre los danos que se rompulan s
los efectos de fijar la indemnización procedente, la sentencia in–
cluye los He carácter moral consistentes en la pérdida misma de
.as expectativas (ciertas en aquel momento) de matrimonio para
la novia a consecuencia de la muerte de su novio
El examen de la jurisprudencia de los años setenta pone dr
manifiesto con bastante claridad la franca acogida del sistema
legal, ajeno, como hemos visto, a la idea de culpa v que integra,
por lo tanto, los daños producidos por caso fortuito, La aplica–
ción de ese sistema e; generosa y revela una notoria amplitud en
la valoración de los fenómenos de imputación (el paciente inte–
grado en un hospital público forma parte, en razón de dicha in–
tegración de la organización administrativai y de causalidad (la
concurrencia de culpa do la victima no es bastante para producir
la exoneración total de la Administración), asi como en la consi–
deración de los daños susceptibles de indemnización a los que el
legislador sólo exige que sean efectivos, evaluables económica–
mente e individualizados en relación a una persona o grupo de
personas (cumpliendo esto* tequisitos, los propio* daños morales
son, también susceptibles de indemnización).
Subsisten, desde luego, algunos problemas, pero el clima es
y* francamente lavoraUe al rcconocimieolo de la lesponubili-
dad de la Administración. Las profundas translormationes socio–
económicas producidas en España a lo largo de un período de
crecimiento económico ininterrumpido explican, como y» he
dicho, este cambio de actitud. Se ha entrado ys en una épocs de
prosperidad que ha situado si país en un nivel cusíiutivamenté
distinto y por esose exige más a la Administración y el telf rts-
traint jurisprudencial de la época anterior desaparece al ritmo del
aumento de la sensibilidad colectiva.
Ul. LA SITUACIÓN ACTUAL
La situación actual es ta continuación lógica de la evolución
que acabo de describir. Como ys destaqué ai comienzo de mi in–
tervención, la Constitución de 1978 ha hecho suys li cláusula
general de coberttua patrimonial de lo* ciudadano* introducida
en nuestro derecho por la Ley de Expropiación de 1954, lo cual
dota a dicha cláusula de la fuerza y la prestancia propias de la
norma constitucional.
Et artículo 106 de la Constitución no hace referencia al pla–
zo de ta reclamación, que la ley tiene fijado en un año, pero la
jurisprudencia viene interpretando ese plazo con gtnercwidad, lo
que iinpide que queden privados de cobertura por razones for–
males los daños que la merecen. Baste citar, a título de ejemplo,
la sentencia del 7 de julio de 1982, que considera ininterrumpido
d plazo cuando "hubiere negociaciones entre el periudicado y la
Administración al objeto de lograr la reparación del daño, Ínterin
oe denotará buena fe". La miima doctrina se non tiene por la
sentencia de! 3 de noviembre de 1975 y por el reciente dictamen
del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 1986. Q dies *
quo del cómputo es también, desde hace año*, objeto de un aná–
lisis muy amplio, e*tiiniiMÍo*e que el plazo no emptesa a correr
en tanto lo* daño* seflfanproduciendo por raucbo que tea el
tiempo transcurrido dsede qu* tuvo lugar «1 lucbo qM ka des–
encadenó.
La ге*роп**Ьи1<Ы por ЬесЬо* material**, eipeciahiieotc en
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