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predios inieialmenie expropiados, quedaron soía-
mcnie 15 en el segundo decrelo, cuando oíros M)
requerían ser expropiados.
Una dc las principales reivindicaciones ríe la
Coordinadora Única de Damnificados {t:UD>, fue
la ampliación de la acción expropiatoria. Duranle
los meses de septiembre y octubre de l'Wi, se de­
batió publicamente la cuestión dc una ampliación
de la expropiación. Durante el debate, se vertieron
una serie de estimaciones dc dóficits y un conjunto
de argumentos que pueden ser sintetizados dc la
forma siguiente.
La C U D estimó que unas 30,(ХЮ familias afec­
tadas por los sismos no estaban incluidas en los
programas de reconstrucción ( CUD , 29-1X-86);
que había 3CK) predios dañados y sin expropiar en el
Centro Histórico (CLIC, l'Wó); que S.IXKI familias
dc la zona dc La Merced no eran atendidas (Peña
Morelos, Í-IX-HÍ)); que solamente un 5'ff. del total
dc los predios expropiadivs estaban realmente da–
ñados (CUD, 14-X-Kí)).
17.П el Senado y en la Cámara de Diputados, en
un primer momento, la mayoría de los partidos
coincidieron con la demanda dc la CUD , Poslerior-
niciilc. voceros del PKl senal.iron que el programa
"Pase II" era el conduelo ni.'is adecuado [laia .ileii-
dcr los inmuebles dañados que habíau quedado
fuera dc la expropiación.
Las autoridades cerraron el débale al señalar la
ausencia de recursos adicionales. Se argumentó que
la coyuntura dc emergencia ya no exislía y que "Fa–
se 11" atendería, con más dc ló.OIK) acciones dc vi–
vienda, los casos dc edificios dañados no cubiertos
por la expropiación.
El prugrama "Fase 11" y sus liniituciimes
El debate entre damnificados y autoridades se
centró entonces en las dificultades de operación del
programa "Fase 11". Las organizaciones dc damnifi–
cados plantearon que este programa no era adecua–
do por Ircs razones fundamentales. Primero, aun–
que "Fase H" hab.^ fijado un límite al precio dc
compra de los terrenos (entre $1.5,()()() y S ИЦШ
pesos el metro cuadrado), se había desalado un
proceso especulativo por parte de los propietario.s,
los cuales exigían precios de venta muy elevados.
Segundo, las negociaciones eon los propietarios
habían sido obtaculizadas por problemas jurídicos y:
procesos ailminislralivos engañosos, que retardaban
la operación del Programa y encarecían sus costos.
Se planteó t |ue una ampliación dc la exjiropiaeión
.seria más económica, al pagar el valor catastral, y
que agilizaría la renovación habitacional de cente–
nares de inmuebles en muy mal estado físico.
Tercero, existían muchos predios que nunca
podrían ser incorporados a "Fase 11" por diversos
factores, tales como: problemas legales de heren–
cias intestadas, ausencia del dueño, negativa de
venta por parte de los propietarios, o bien, renuen–
cia a comprar por parte de cienos inquilinos.
Los funeiiinarios responsables de "Fase H", por
su parte , argumentaron que las 24,(X)0 acciones
programadas** eran suficientes para cubrir la reha–
bilitación o reconstrucción dc los inmuebles daña–
dos. El titular de la S EDUE señaló, además, que
las lfl,fKHl familias cuyos inmuebles tuvieron danos
de menor consideración "serían atendidas en los
programas normales de vivienda" fF.l Dia 12-IX-
Kíj).
El debate en lomo a la ampliación de la acción
expropiatoria ajiiiiila hacia un elemento lundamen-
lal que siempre ha frenado el inejoraniiento del in–
quilinato central: la propiedad privada dc los in–
muebles. El Éxito de RHP, nunca antes logrado por
un programa de renovación urbana, descansa en
gran parte sobre la expropiación, la cual, con todo
y sus desaciertos, levantó dicho obstáculo. Nos pa–
rece que este hecho no ha sido todavía suficiente–
mente entendido por parte de los responsables de
la política de vivienda. Frente al éxito indudable del
programa RHP, se intenta ampliar su acción, sin
resolver previamente la condición que la hizo posi–
ble: el acceso al sucio. Así, el Programa de Vivien–
da de Ш7 plantea:
"Los fondos dc vivienda establecerán líneas es­
peciales dc crédito a favor de quienes han venido
habitando dichos inmuebles para su adquisición y
rcmodelación, o para la construcción dc nuevas vi­
viendas en los terrenos ocupados por edificaciones
que requieran demolición, dentro del programa de
regeneración urbana y mejoramiento de la calidad
de vida"
Las políticas habiiaeionales se han centrado
siempre en la cuestión financiera, en las inversiones
y en la creación dc líneas de crédito accesibles a la
población de escasos recursos. Sin embargo, el