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perada poi" la doctrina procesal moderna quien a su \ег reivindica su
conocimiento al terreno procesal.
Iniciada la separación doctrina! del Derecho Procesal cn cl si­
glo ХЯcon ll Escuela Judicialista dc Bolonia at hacerlo objeto dc ex­
posiciones propias —índependizacíún acentuada por la codificación pro–
cesal napoleónica que presenta una legislación procesal separada <le la
de orden material—, su carácter dc Ciencia, de moderna Ciencia pro–
cesal, es de cuna reciente, a partir de ISóS fecha de aparición de la
obra del jurista alenún Bülow Teoría de lus esfepcioííes y de los pre–
supuestos procesales.^ Juvenuid que comparte con el Derecho Admi–
nistrativo, ciencias nacidas en el siglo xix.
Escindido el Derecho en procesal y material en un momento cn
que apenas mícií su sida el Derecho Administrativo, el procesalista di–
rige su mirjda al proceso civd y penal, el administrativista pugna por
el pro|;reso de las instituciones administrativas olvidando o relegando a
un plano muy inferior la parte procesal de éstas. Ultimo aspecto que la
Legislación no ha regulado con la amplitud necesaria y que cn la
Doctrina se reduce a monografías, a un capitulo de las obras de Dere–
cho Administrativo y a contadas obras de Derecho Procesal Admi–
nistrativo.
Minimiísda su regulación legal y estudio doctrinal, cl Derecho Pro–
cesal Administrativo, aparece confundido con cl Derecho Administrativo
y su gradual separ:u:ión se debe principalmente a las modernas ideas
pfocesalistas tjue postulan una teoría general del proceso que se ocupe
de formar conceptos generales aplicables a t.ula una de las famas d e l
derecho procesal: proceso civil, penal, adníinisfrativo, laboral, agrario,
etcétera, que constituyen la parte dinámica frente a ¡a estática (del de–
recho material), del Derecho, cn la actividad junsdicciunil.
Por tanto nada de raro tiene, siendo el Derecho Procesal y el Admi-
nistf^ivo ciencias apenas a mediados del sigio pasado que, José María
Villar Romero a prologar su obra Derecho Procesal Administrativo
afirme que cs " e l primer intento de construir una disciplina ciei 'fica
acerca del Derecho Procesal Administrativo".= pot u n lado, y po' >>tro
Jaime Guasp considere la obra de Jesús González Pérez, Derecho Pro–
cesal AdfítifirsiiMívo, alprologarla "de scr un.i obra misiona], una ta–
rea evangelizadora", será I.i qut: "coní|mstc- tÍLTmllivamLiik- las úlliinas
colas del error y haga tu¿, dc una vt-z, cn l.is ostiitidadcs dc una arcaica
y fosilizada teoría administratisa del recurso". ' La primera obra publi-
" NiCETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILKJ. Fuicaa Atilorumposirión y Au
loJefenia. pi^s. 101 y и. Ed, Imprt-nta Cnntrsitarii. 1947.
^ J . M ' V I L L A R R O M E R O . D^n-rí^o Procful Aámlii^írtuivQ, рзц. 1 8 ,
2a. ei . 1949
^ J G0,M7 .,ÍLEZ PíRr.z,DertihQ Рг'/геш! AdtmtnsiT.tln'O, pjg. to­
mo I. I9S3.
;ada en 1944 experimenta aún algunos titubeos para distinguir con
precisión b via gubernativa de la vía jurisdiccional —ambos medios de
impugnación de ios actos administrativos— pues al clasificarse los re–
cursos, en la segunda parte de ella, en recursos gubernatisos y judicia–
les, se dice de los primeros que se interponen ante "organismos,
autoridades o tribunales de indole administrativa" afirmación última
que olvida o desconoce que los recursos gubernativos o administrativos
sc interponen siempre ante autoridades de la idministrición pública y
que la existencia de funciones jurisdiccionales en manos de organismos
administrativos estructurados y nominados por la ley como tribunales
cs ya en sí un obstáculo pira confundir tales vías. En la segunda obra
publicada en 1955 cobra el Derecho Procesal Administrativo propiedad
de autonomía por el enjuiciamiento procesal que se hace del contencioso
administrativo entregado por largo tiempo como patrimonio exclusivo
del estudio dc administrativistas. En ella su autor logra el mérito de
apreciar la naturaleza del contencioso administrativo "hasta sus últimos
limites y haber construido una obra general sin pii, que los adminis–
trativistas no podrán menos de reconocer como idónea y los proccsalistas
•como suya".*
Desde luego que el enfoque procesal de las instituciones adminis–
trativas se hace cn un campo poco explorado, en que aúrx la determi–
nación material de ellas no sc encuentra conceptualmente consolidada e
inclusive se balbucea sobre los límites del territorio en que imperan,
por lo que las apreciaciones y conclusiones a que sc llega distan mucho
de ser definitivas, ni siquiera sc busca la unanimidad de los autores en
aceptarlas, acaso una corta mayoría de adictos con el objeto de conver–
tir en principal su estudio tn cl procesalista y su legislación en preocu–
pación asidua en las cuitas del legislador.
Seguramente que el examen procesal de la naturaleza del recurso
administrativo y el contencioso administrativo, tcrminari con impropie–
dades de lenguaje y confusiones en que incurren legislador y doctrina
cn el primero y, lograría superación y perfeccionamiento en el procedi–
miento del segundo; cubriéndose, además, lagunas legislativas que haría
menos necesaria la supletoricdad del Derecho Común a que acuden con–
tinuamente las leyes y los códigos administrativos, con grave perjuicio
para cl ilcsarrnllii ilet Derecho Público Administrativo como tal. Este
mismo examen nos obliga a distinguir primero proceso y procc-dimicnto
y luego i fi|ar la naturaleza del recurso administrativo, permitiéndonos
proponer solución a algunas cuestiones surgidas con este motivo en e!
derecho y en la doctrina. Basándonos en ideas y conceptos elaborados
por los procesalistas añadiremos nuestra opinión sin que se lleve la
intención de hacer una exposición completa del tema (proceso y pro-
J. G O N Z . Á L C Z P É R E Z , op. cií-, pig. 32.