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Económica, no sólo por el particularmente difícil
momento de su celebración, que en el ánimo de los
trabajadores representó un enorme salto hacia
atrás -por sustituir a un emplazamiento a la huelga
general-, sino, sobre todo, por la inequidad de los
esfuerzos a los que los diversos sectores se compro­
metieron. Por su escasez, es importante destacar
las cualidades del Pacto. La mayor de ellas es, sin
duda, la capacidad de concertar acciones, entre
actores tan inocultablemente enfrentados, a un
paso del abismo; la otra consiste en el hecho incon­
trovertible de la inflación reducida. Quienes quisie­
ron ver en el Pacto una maniobra de carác- ter
electoral, por lo menos se equivocaron. Lo mismo
pasó con quienes le negaron posibilidades de éxito,
sobre todo si hay memoria con respecto a los
niveles alcanzados por la inflación durante 1987.
Salarios, tipo de cambio, tasas de interés y
precios y tarifas gubernamentales fueron los costos
clave iniciales del Pacto. Los primeros, en términos
reales, han visto parcialmente frenado su deterio­
ro; el segundo, con un ilegal crédito puente, se
mantuvo invariable, desde la firma del Pacto, y ha
venido acumulando presiones para una nueva ma-
crodevaluación; y las terceras, reducidas con brus­
quedad al inicio, se estabilizaron y, sin duda, pron­
to reiniciarán el descenso para lastimar más a los
ahorradores. N o obstante su vigencia, a los Pactos
se les ha presentado como un сиефо de ajustes
tácticos, en el marco de la estrategia de exportación
de manufacturas, que se sigue considerando, ahora
ante la posibilidad del TTLC , la parte fundamental
de la política económica. Por ello, la sucesión pre–
sidencial no fue un evento polídcomás; constituyó
el evento de mayor significación en una estrategia
de largo aliento que, frente a las tentaciones del
sufragio efectivo, pudo correr el riesgo de perder
todo sentido, al carecer de continuidad; de ahí las
preocupantes maniobras para el reconocimiento
apremiado del nuevo gobierno, durante la segunda
mitad de 1988. En esta lógica, el límite de la acción
gubernamental para garantizar la sucesión lograda
no se habría de agotar en la utilización de los
mecanismos que se pusieron en marcha; por fortu–
na no se empleó el resto de "argumentos" de que
dispone el gobierno. N o en esa ocasión.
Clases subordinadas y gobierno -éste menos,
por el consabido doble accionar de juez y parte-
han sido los sectores perdidosos del Pacto. No se
ha revertido la tendencia reductora de los salarios
reales, ha perdido velocidad, y se mantiene la per–
versa conftisión de equiparar los precios de garan–
tía de los productos agrícolas con una especie de
salario campesino que no permite afrontar los cos–
tos de la producción; por su parte, los gobiernos
anterior y actual, al conftindir a la sociedad civil con
los empresarios, asumieron con peculiar entusias–
mo la tarea de la autoaniquilación; pusieron en ven–
ta gran cantidad de empresas que, cuando estuvie–
ron en manos privadas, sólo conocieron números
rojos. De no ser especialista en derecho constitucio–
nal, es altamente probable que el Lic. De la Madrid
sólo hubiera considerado tareas prioritarias la ex–
portación de petróleo y la operación de los semá–
foros de los grandes centros urbanos del país.
Por otro lado, la observancia de lo pactado por
parte del Consejo Coordinador Empresarial ha
correspondido a la celosa vigilancia de los intereses
de las 300 familias que ocupan la cúspide de la
pirámide social mexicana; además de que, como las
ratas de navio naufragante, pretenden ser los pri–
meros en abandonar el Pacto: insisten en la nece–
sidad de alentar las exportaciones por la vía de la
modificación, en serio, del marco jurídico laboral;
exigen el sometimiento de todos los sectores a la
vigencia plena de las leyes... de oferta y demanda,
y consideran que el actual salario mínimo todavía
alcanza. Tienen todo y quieren más.
Sólo el carácter social de la Constitución Gene–
ral de la República, que hace la diferencia con el
resto de constituciones políticas, al percibir como
desiguales a los actores sociales del escenario na–
cional y otorgar al Estado una función reguladora
que conduzca, como propósito, a la igualdad, per–
mite el mantenimiento de esperanzas en la recupe–
ración de gestiones gubernamentales de aliento
popular. De no ser así, y pronto, no resta sino
esperar, aunque esté pasada de moda, el desarrollo
extraordinario de la lucha de clases.
La variable explicativa del consumo, del ahorro
y fundamentalmente de la inversión, es el ingreso.
Las políticas de ajuste puestas en práctica desde el
inicio de la década de los ochenta han producido
una baja extraordinaria en el nivel de ingreso,
acompañada de una cada vez más inequitativa dis–
tribución del mismo: