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para Filipinas, la oferta de los acreedores se agotó
en el incremento de su endeudamiento, sin reduc–
ciones en la deuda ni en su servicio. Resulta claro
que no fue pequeño el número de dificultades que
comportó el hecho de que cerca de 500 acreedores
se decidieran por alguna de las tres opciones de la
renegociación, que de ello se siguiera la indisposi–
ción a considerarlas para los siguientes casos. Es
claro también que la puesta en ejercicio de una
drástica política de ajustes, con costos sociales que
trascienden al presente, hizo de México una suerte
de deudor ejemplar que, por encima de las consi–
deraciones relativas al bienestar de la población,
colocó en el primer sitio de sus prioridades la
atención a los compromisos con la llamada comu–
nidad financiera internacional.
Una descripción breve de la acción guberna–
mental, a partir de 1982, es la reducción del ingreso
y el retiro indiscriminado de subsidios que, para los
niveles de calidad de vida que se habían alcanzado
hasta principios de la década de los ochenta, signi–
ficó el desmoronamiento de los mínimos de bienes–
tar que acompañaron al crecimiento sostenido y
pequeño de los componentes del rubro de desarro–
llo social (salud, educación, empleo, vivienda y
esparcimiento) y a la elevación en la calidad de la
dieta (especialmente en el incremento en la ingesta
de proteínas de origen animal) que se lograron a
través de un espectacular esfuerzo gubernamental
y en medio de una notable desigualdad en la distri–
bución de la riqueza y de las oportunidades para
casi todo. Lo anterior quiere decir que el ritmo de
crecimiento del PIB (6%anual promedio durante
cuatro décadas) se reflejó mucho menos que pro-
porcionalmente en el mejoramiento de las condi–
ciones de vida de la mayoría de la población, al
superar apenas el umbral de la sola reproducción
de la fuerza de trabajo; un crecimiento sostenido y
deforme que, en el momento de realizar ajustes, se
convirtió en empobrecimiento para 40 millones de
mexicanos y en empobrecimiento extremo para
ahededor de 17 millones de conciudadanos, mien–
tras la especulación en sus diversas expresiones
permitió un mayor enriquecimiento de la minúscu–
la franja de propietarios del resto de factores de la
producción, a costa del castigo al trabajo, especial–
mente al asalariado. Desde el inicio de la década,
la tendencia histórica hacia el mejoramiento de los
niveles de bienestar de la población encontró, por
efecto de la acción gubernamental, un punto de
inflexión, cuyos efectos serán de largo aliento por
cuanto ha originado generaciones enteras de niños
desnutridos y sin acceso a la educación; adultos del
futuro considerablemente menos aptos para todo,
sordos involuntarios ante los llamados de la moder–
nización.
La versión oficial de ese periodo de nuestra
historia reciente insiste en la inevitabili dad de los
ajustes y, si acaso, critica su profundidad y magni–
tud, partiendo del supuesto de que con ellos se
construyó una base indispensable para el llamado
cambio estructural, y se inició un muy provechoso
repliegue de la intervención económica del Estado,
con lo cual dejó de entorpecerse el funcionamiento
de los distintos mercados, especialmente el de fac–
tores, y se liberó la energía creativa de la iniciativa
privada. Con tal apreciación se ha pretendido co–
locar una cortina de humo sobre el carácter prag–
mático y errático de una política económica que, al
desalentar el crecimiento del ingreso y del bienes–
tar, propició una escandalosa orgía especulativa y
estableció una cifra récord en los niveles de infla–
ción, supuestamente el enemigo a vencer; con di–
cha visión se pretende también justificar la amplia–
ción de la desigualdad y presentar la noche de crisis
y, especialmente, de ajustes, como un mal necesa–
rio por el que debió transitarse. La revisión del
lamadridato, entonces, aparece como necesaria,
por cuanto con ella se debe dejar constancia de la
pérdida del aliento popular y de la inequitativa
distribución de costos de la recuperación, con las
que se permitió actuar a un gobierno emanado de
los restos de un movimiento revolucionario reivin-
dicador de los derechos sociales de los mexicanos.
El punto de partida de esa política económica
fue, en diciembre de 1982, el Programa Inmediato
de Reordenación Económica (PIRE), cuyos elemen–
tos principales fueron:
• Disminución del gasto público;
• Aumento de ingresos públicos para frenar el
desmedido crecimiento del déficit;
• Elevación en el nivel de las tasas de interés para
estimular el ahorro;
• Reducción de la liquidez del sistema.
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