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suponer, en su caso, que un ingreso incrementado
para los estratos más pobres de población no asa–
lariada debió repartirse entre un número significa–
tivamente más grande de familias.
El caso del empleo, insuficiencia estructural de
la economía nacional a la que se sumaron los
embates etiquetados de crisis y política de ajustes,
se ha reflejado en el éxodo masivo de buscadores
de empleo del campo a la ciudad y, ante la imposi–
bilidad de que ahí se resuelvan adecuadamente
estas demandas, en el crecimiento de la marginali–
dad urbana y el subempleo.
Si desde 1976 los trabajadores informales re–
presentaron el 38.2% del total de la población
ocupada en las áreas urbanas, y si a partir de 1981
se revierten los éxitos del breve auge, es totalmente
ilógico el crecimiento de esa proporción, al grado
de expresarse en el hecho de que más del 50% de
la población ocupada en las mismas áreas, en 1987,
no llegó a percibir el salario mínimo legal y operó
en centros de trabajo sin prestaciones de ningún
tipo y con el incumplimiento de las obligaciones
fiscales.
Los años sesenta se caracterizaron, entre otras
cosas, por un alto ritmo de crecimiento demográ–
fico. Los nacidos en esa época, a partir de los años
ochenta demandaban ocupación, justo cuando la
economía nacional tenía el menor ritmo de absor–
ción de fuerza de trabajo. Esto explica simultánea–
mente la ampliación del subempleo y la reducción
de asalariados entre la población ocupada.
La forma en la que se caracteriza al desempleo
abierto (búsqueda activa y desafortunada de labor
remunerada durante las úkimas ocho semanas),
favorece el oscurecimiento de la realidad y confun–
de a tal desempleo con subempleo. En ausencia de
seguro de desempleo, quienes soportaron ocho
semanas sin encontrar trabajo remunerado, muy
probablemente, antes del cumplimiento del plazo,
de manera forzosa estarían disfrutando de la
paz de los sepulcros.
En virtud del hecho que hace depender al
consumo del ingreso, es necesario destacar la for–
ma en que aquél ha sido afectado por la reducción
real de éste. N o se alude sólo al efecto que se
origina en el castio al salario y, en general, a la
demanda; se considera también el profundo desa–
liento a la producción que una política que la
considera inflacionaria ha generado como desas–
troso resultado.
Los dos pies sobre los que ha caminado la
política de éijustes, en su propósito antinflaciona–
rio, son la contradicción del ingreso y el retiro de
subsidios, con lo que el consumo ha transitado
de otros bienes y servicios hacia los alimentos ("los
hombres, antes de hacer cultura, política o religión,
comen"). El 40% de los mexicanos más pobres
dedicó el 63.2% de su ingreso familiar al consumo
de alimentos, proporción que tendió a crecer con
los aumentos significativos en el precio de la torti–
lla, el pan, el frijol, el arroz y demás alimentos de
consumo popular.
Cuadro 3.9 Relación salario mínimo^onsumo
Artículo Precio/Salario mínimo diario
U. de
medida
1977 1988 1985
Tortilla kg 3.9 3.0 4.1
Frijol kg 8.6 10.9 20.8
Leche pasteiirizada It 7.1 7.9 10.8
Huevo kg 19.7 17.8 23.9
Pan Pza. 0.5 0.3 0.7
Arroz kg 12.3 11.9 17.5
Azúcar kg 2.4 6.8 8.2
Fuente: Elaboración propia.
Importa conocer qué es aquello que se deja de
consumir para atender los problemas de la alimen–
tación. En este caso se encontraban bienes cuya
producción significa una alta elasticidad de ocupa–
ción; es decir, compc rtan, en el proceso producti–
vo, el consumo preferente de fuerza de trabajo:
el Artefactos, equipo, mobiliario y enseres para
hogar;
Calzado y vestido; y,
Vivienda
Por su carácter de complemento del ingreso y
por la socialización de la miseria, se ha acrecentado
el uso de los servicios públicos de salud y educa–
ción.
La atención preferente a los problemas ali–
mentarios no ha significado, de manera alguna,
que dicha alimentación correspondiera a los nive–
les de calidad que recomiendan los organismos