Página 35 - Coordinación de Servicios de Información

La eficacia de las medidas adoptadas con res–
pecto a los objetivos a los que servían, no se hizo
esperar. En los primeros siete meses del nuevo
gobierno, el déficit del sector público se colocó al
50% del alcanzado en igual periodo del año ante–
rior (1982); la tasa de interés creció en más de 28
puntos entre noviembre de 1982 y juHo de 1983;
por lo que toca a la reducción de la liquidez, la ta–
sa de crecimiento del medio circulante pasó del
73% durante el primer semestre de 1982 al 65%,
en igual periodo de 1983, frente a un nivel de
precios mayor. Por otro lado, y con un efecto
negativo en las intenciones antinflacionarias, el
aumento de precios relativos y de tarifas del sector
público fue el elemento de mayor peso, junto con
el incremento de impuestos, en la reducción del
agobiante déficit. Los costos del aparato producti–
vo, vinculados a la importación del equipo y las
partes, se vieron drásticamente afectadas por la
política cambiaria, problema que se traslada a los
precios y acicatea a la inflación. El peculiar conflic–
to entre los instrumentos de la política económica
(combate-impulso a la inflación), no significó más
que un pálido reflejo del carácter errático de la
misma.
Las páginas siguientes se destinan a la descrip)-
ción de hechos que obligaron a las medidas guber–
namentales a transitar de una suerte de ortodoxia
de hierro hacia el expediente simple y simplifica-
dor de tomar decisiones en atención a las circuns–
tancias, y preferentemente en contra de los intereses
populares.
La política de ajustes que se aplicó a lo largo
del sexenio no sólo respondía al cumplimiento de
lo contenido en las llamadas cartas de intención,
pactadas con el FMl; más allá de estos acuerdos de
corta duración (tres años de vigencia), el grupo
gobernante se mostró persuadido por la idea de
que la economía nacional debía crecer en un am–
biente financieramente sano, con una participa–
ción mucho más reducida del sector público, en–
frentando costos y precios reales, sin subsidios y
con una considerable autonomía de los impredeci-
bles cambios del mercado mundial de los hidrocar–
buros. La estrategia de mediano plazo, sobre la que
hoy se insiste, fue el establecimiento de un estilo
de crecimiento basado en la exportación de manu–
facturas, lo que implicaba - y sigue implicando-
una adecuación radical de la planta industrial esta–
blecida, una modificación de gran alcance en e!
comportamiento de los empresarios que se han
desarrollado en el país a la sombra tle un pro–
teccionismo excesivo, un volumen de inversión que
se considera posible sólo con el concurso del capi–
tal externo y un nivel de costos, particularmente de
la fuerza de trabajo, internacionalmente competi–
tivo. Por ello, en la compactación de los salarios
reales, en la puesta en marcha de una política
salarial brutalmente regresiva, las autoridades y
buena parte de los empresarios han visto no única–
mente una vía cortoplacista para enfrentar al pro–
blema antinflacionario, sino también un instru–
mento de largo aliento en esta renovada idea de
crecimiento hacia afuera. Paralelamente, en este
periodo el estancamiento del mercado interno lle–
gó a un nivel en que prácticamente la totalidad de
las ramas que destinan su oferta a satisfacerlo no
han alcanzado el volumen de producción de 1981.
La apuesta en la lucha contra la inflación, que se
hizo exclusivamente en favor de la contención de
la demanda, al hacer inelástica la oferta industrial
anula sus propios efectos y deja a la inflación viva
y acompañada del estancamiento. Sólo han mostra–
do dinamismo las ramas vinculadas al mercado
externo, aun cuando su presencia en territorio
nacional se explicó por el consumo local y pese a
que su demanda interna cayera violentamente.
Lo anterior no significa que los únicos o los
mejores esfuerzos del gobierno se enderezarán en
favor de las actividades productivas. Si alguna acti–
vidad está en deuda con los buenos oficios de este
gobierno, ella es, sin lugar a dudas, la especulación.
Conviene analizar en detalle las afirmaciones
anteriores. En el primer año ( 1983), la inversión se
desplomó en un 27.9% (cifra que debe sumarse al
15.9% del año anterior); los salarios mínimos ( 1 / 3
de la población asalariada) se deterioraron en un
22%; el gasto público se redujo en proporciones sin
precedentes, y colocó el déficit de dicho sector en
el 8.9% del PIB (contra 17.6% del año anterior); la
importación de mercancías disminuyó en un 39.7%
y la cuenta corriente, por primera vez en 28 años,
mostró saldo positivo. El PIB se redujo en un 5.4%,
el descenso más violento en los últimos 50 años. El
enorme costo social de las medidas que arrojaron
estos resultados tuvo un pobre efecto en aquellos