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Administrativa., núm. 209, abril 1987, pág. 7 y sigs, —aho­
ra incluido en este libro—), donde especifico claramente
las críticas a esas iniciativas y a esas leyes y proyectos y
los contrasto con lo que, a mi juicio, resulta de la Consti­
tución de manera explícita, según el Tribunal Constitucio­
nal ha comenzado lúcidamente a deducir.
La crisis del contencioso-administrativo francés, un
contencioso <subdesarrollado> según quienes hasta ahora
mismo lo vanagloriaban, un contencioso inadaptado al
tiempo actual, según quienes lo practican y lo sufren, un
contencioso que está ya en la cola y no en la vanguardia
de los sistemas occidentales de protección judicial frente
al poder, un contencioso que está ya en retraso sobre «los
principios generales del Derecho europeo», tanto comuni­
tarios como de Derechos himnanos, esa crisis, ya inocul­
table y ostentóse, que ha irrumpido como un sarpullido
inesperado y súbito en el hasta ahora lozano rostro del
Derecho público francés, esa crisis mvalida definitivamen­
te el pertinaz intento de acogerse a él como a un oráculo
para la reforma pendiente de nuestro propio sistema.
Y mucho más cuando ese intento pretende sobre todo
frenar la operatividad de los principios de nuestra Consti­
tución sobre la materia, principios que están, como los de
otros muchos paises occidentales, por cierto, muy por en­
cima de ese modelo histórico, hoy ya completamente su­
perado.
El «nuevo paradigma», sobre el ctial va a establecerse
en todo el mundo occidental una nueva época de la justicia
administrativa, es, por gran ventura, justamente, cl para­
digma que nos impone preceptivamente nuestra Constitu­
ción: la justicia administrativa no es un abstracto proceso
a un acto administrativo aislado que efectúan órganos es­
pecializados de la propia Administración, o acaso jueces
amedrentados ante la maiestas administrativa o atados
por mil lazos en el ejercicio de su función por el supuesta-
neme insólito hecho de que el poder público tenga que
rendir cuentas ante el Derecho; por el contrario, es |дп
proceso plenario a la Administración como sujeto por par­
te de otro sujeto en vista de obtener una tutela judicial
efectiva y completa a sus derechos e intereses legítimos.
Es algo más que une petite nuance, como hemos podido
atisbar bastante claramente. La antigua concepción partía
de que la Administración era siempre titular del interés
general, que habría de imponerse normalmente sobre los
intereses meramente particulares que invocaban los ciu­
dadanos. Pero ahora ocurre que estos ciudadanos son con
normalidad titulares de derechos fundamentales, que, por
más que intenten con ellos hacer valer intereses particu­
lares, tienen por sí mismos el carácter de «valores supe­
riores del ordenamiento» (art. 1.° de la Constitución), de
«fundamento del orden político y de la paz social» (artícu­
lo 10.1, ibidem), con lo que han de prevalecer incluso so­
bre los intereses de la Administración, que tantas veces
encubren simples comodidades o intereses de la burocra­
cia. Este cambio radical en la situación de las partes res­
pectivas en la relación ciudadanos-Administración (la cual
no sólo no requiere para su fimcionamiento la posibilidad
de infringir el Derecho, sino que está íntegramente some­
tida a] mismo, art. 103.1 de la Constitución, y, por tanto,
bl juez) fia determinado este cambio substancial.