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pic lcgiiimici6n popuUrqiK C4ist< cn Colombia у Panimj cud rl nom­
bre dc rccuriD oЬ>CIl ^o dc nutidad о anuluiun, onim hrcftrencta л l i
muición iub )Ciiv) у k 4o contempla U nrccxdaJ de conwnjf el ofdcn
iurid *co Per cllo rl incc'Li к арзпэ del derecho para limtirtrw al
dc la lc|cit>mai.ion. puidc promover cualquier рсгюпа. porque toda»
n t i n llamada» a toiiencr la ilegalidad de la violación a la ley.
i») Sm pre]uzgar ubre ta naiuraVza del procedimirnio que pueda
ieguirne en t\ contenc>MO objetivo puro, ci menester adelantar que nO
Cíbc confundirlo соя e! contcnciiMo de тгсгз anulación с dc simple
nulidad, porque en rcgimenei como cl panameño, caben los dos recurioi
rn una tola demanda, y cuando cllo sc hace, dice Morgan J i . , h a b r á
que determinar cl acto general cuya anulación ic pide, y al mismo tiem*
po el acto particular (si lo h a y ) , expresando las ^srestaciones pedidas
por el recurrente para la reparación del derecho subjetivo.
Efl lal virtud, aunque sólo el contencioso dr plena jurisdicción fuera
objeto de un proceso, desde que cabe la acumulación de pretensio–
nes de nulidad y reparación del derecho individual, subsiste el problema
dr determinar el supuesto del contencioso administrativo, contemplado
cn su generalidad.
Y at estudiarlo desde esta peripecti^a, se advierte que tamo sc puede
trttar dr la violación de un derecho individual, como dc la difusión
del acto por tcnrr mterñ cn ello conforme a la ley
Controversia, cn cl temido de confhcto de opiniones no es sostenible,
porque versan derecho» individuales. Peio litigio como conflicto de lic-
rechos o intcresei. tampoco lo hay, en cuanto no sc enfrentan, ni el
defecho ni el ínteres del admmistrado frente al derecho o interá det
administrador.
En el cato m i i grave, producido el daño, cl particular reclama tv
reiarcimiento. Si ello fticra constitutivo de una relación privada, o пкга-
mentc ci \il. se undria un litigio. Sin embargo, el resarcimiento no lo
debe cl órgano uno el ente. El órganopuede resistir por alegar: que
no и cauw daño, qut eldaño causado fue legitimo, que no hay obliga–
ción de reparar, que el derecho a la reparación ha presento o que no к
han llenado las cor>d)C»nes dc admuibiLdad. procedencia o concedibili-
dad de la indemniza ción-
Todas tas razones que exponga el órgano serán afirmacionei furidiCU
atinentes a la aplicabilidad o no apUcabibdad del patrimonio estiul al
fm pcneguido con la demaoda. Y este patrunonio es tan ajeno delórga­
n o * , cii^ p. It).
no como det particular, y sirve para fines que wn comunes al órgano y
al particular.
Es pues, problema de criterioi. El órgano decide que no hay norma
que ordene la aplicación, el particular sosiiciie que si la hay y que el
caso entra en su prevutón. Lo que verdaderamente hace necesario el
proceso contencioso, es la eiinrnda de ene deucwrdo юЬге ct sencido
de la norma objetiva.
Algo muy semejante pero no idéntico, es lo que acontece con los
recursos judiciales No está deiencaminada la terminología cuando llama
recurso a la acción procesal administrativa, porque en cite ámbito y en lo
judicial, hay un claío sentido impugnativo del acto dc la autoridad.
También cuando la sentencia es desfavorable al vencido, no sc discuten
derechos ni iniereics entre partes que serian el recurrente y la autori­
dad; lo que sc exhibe es un desacuerdo en lo tocante a la aplicación del
derecho. Y en cl contencioso administrativo ese desacuerdo mira a la
aplicación dada por la autoridad, a su conducta aplicadera de la ley.
Lo que aparta al desacuerdo dc otros conflictos el la circunstancia
de que no sc enfrentan dos derechos o dos inicrcses. Es frecuente que
la doci-rína hable de oposiciones entre cl interés general y el particu­
lar ^ pero este conflicto, de eicirtir seria político y no contencioso
administrativo.
En efecto, en cl caso del Esudo, ct interés general está en cl mantc-
mrniento de la empresa de gobierno. Si la ventaja o conveniencia de un
particular * ^ le contraporse a las conveniencias o neceiidades de la em­
presa, enconen se presenta un problema de filosofía política: introducir
una norma que supedite la conveniencia del ente i la del pamcular
o la de éste a la de la empresa individualismo o socialismo.
Pero constituido el Estado, el interés en tu mantenimiento conforme
a Us reglas de principios orgánicos respectivas, el uicerés particular ya
no entra en conflicto, pues fue onguulmente absorvido porla Consri-
CBCiÓn.
La indemnización que и reclama por lesión individual, no pasa dc rcr
la pretensión de que el caso pmiculir entra cn la previsión general.
En otras palabras, el particubr sosuene que Ь ley le autoriza a reclamar
la reparación, en tanto que U autondad, como órgano legitirrudo para
*•-* Que (Uffiríin, difc С*глс1вш, Suf«M, 1, p lí,ta ardtA s la iepiríiJ»d
регкш! del piruculir j rl coIhUvq dc li d*ffnii M ituinm qui mlima li
íspiHicién dt hmíI t Jo* p«Üjir« 4« 1* ритга.
Que icrii cl iDleríi pntido ilecüblf, ferqm tt tutfbdu por U ley Po puede
eecohtni opoecióii en ellv
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