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aceriifU y paguU, pretende que el caso noc^t dentro dc U norma
positiva.
Median, por lanio, cuestiones dc derecho y dc intcrtí, pero nO con-
ílictoj entre intcreid y dcrechoi. El dnacucrdo eíiá entre el litigio y
la controversia, porqw del primero tiene el punto comün de la citii-
lencia de dcrechoi e inteiesei y del jcjundo la ausencia de disputa dc
intereses o derechos recíprocos. Es pur c l b que fl ministerio públicfl,
actuando cn lo penal, íitmprc « actor, cn tanto que su papel en lo con–
tencioso administrativo puede ser de demandado o coadyuvante dc tiU
y aun cabe que ica meramente dictjminador.
En el recurso de nulidad o de control dc la legalidad y cl recurso
de inconititucionalidad dice —Morgan Jr., refiriéndose a la ley panime-
ñ i — l l e n e n la característica análoga de la posición tjue debe adoptar
el representante del ministerio público. Ambos procedimientos deben
jcr tramitidos con audiencia del procurador gentral o dcí procurador
auxiliar, actuando en defensa de] orden consticucional o legal; a decir,
no tienen el deber de defender el acto impugnado, &ino el orden jurídico.
Aunque cn et contencioso subjetivo, al miniiteno público correipondc
la defensa de los actos atacados, no por ello *c puede creer que «
pau del desacuerdo al litigio, pues la defensa es procesal, esto cs, no ic
intenta ta defensa de un derecha lubjrtivo nacional municipal.*^ Sino
del criterio dc la autoridad administrativa que ya venia en desacuerdo
cotí el ctiterio del detnandinte.
J2. Eí co»ttni¿o fotiffrtjoio
una corriente bien identificada por su intención de deiterrar defliU'
civamentc los términos contencioso administrativo, explica que la icfiní-
núlD^ii apropiada » b de prtKcso adrmnlstrattvo. ^
Los vocablos contencioso administrativo, « recuerda, tienen su origen
en los tribunales administrativos franceses de tal nombre, que se carac–
terizan por ser órganos de la propia Adtniniscracióa, ya que uniendo
la idea de la división de poderts, íe piervsa que la justicia D O debc'mniíi-
cuirse en los asuntcu relativos a la Admiiüstracíón Pública. Pero cn
^'Op al., p. u ? .
<=*Moríii,, cp. nt.. p. II.
Lot c u n jatrmonuJei prividoi ma íit'útx.
^^^Apifíib A. GordíUú, "Acer» de U ttívmóo ¡udiciiJ de LÉ aecM admJAÍttniíTiía
—CoDfut>Qpa qu> DrigLu 'lo concencjaio idminiícrativQ' ", m Krwi* ¡wriiicé dt
bmrmoi Airti, tU. •cpüembrt-aiclcmbic, IHi, p. It).
regímenes, como cl argentino, cn que conttiiucionalmentc n o puede
negarse a loí habiianuí el acceso a una infancia judicial propiamente
dicha, estos cisos son de litijjio judicial en materia adminiítrativa.
Sin embargo, desde Oikar V a n Búlom-, * " U neta separación entre la
relación jurídica procesal y las relaciones dc derecho sustantivo que
constituyen la materia del debate, permite observar que no es lo orgá–
nico Ш lo formal, lo que puede wrvir para caracieriiar al proceso, y
que no es lo debatic!o dentro de él lo que define lu tipo.
Las deformaciones de tas leyei poiitivaj pueden ofrecer en determina­
do momento, casos dc litigios civiles sustanciados y resueltos por órganos
a d m i n i s t r a t i v o i , s i n que ni la forma, m la materia, ni el órgano
que conoce y decide, sean suftcicrtíes para soitcnei o negar la existencia
de un proceso. ••
Fuera dc la csiructiira jurídica dc los actos: ejercicio di acciones y
potestad jurisdiccional, las dímis notas son Iniuficlentci. El proceso
es único cn cuanto serle de acciones y jurisdicción, dc manera que poco
im|?orta que en su seno se desenvuelva un litigio, una controversia
penal o un desacuerdo administrativo. La política legislativa puede opear
por encomendar cl conocimiento de ese desacuerdo administrativo a Ь
judicatura, a la propia administración o a tribunales especiales. Lo im­
portante será: ta existencia de un verdadero proceso y la índole del
conflicto.
El por ello que puede seguir denominándose conuncioso administra*
tivo a lo que tradicionalmente ha formado cl conjunto de debates pro­
cesales sobre conflictos administrativo^. La denominación contencioso
administrativo permite, adcmái. una «xiincidcncia de observación Teóri­
ca. En poco perjudica a la c ;enci3 c] mantenimienLo de una urminologia
tradicional y, en cambio, la doctrina identifica dc irunediato el problema.
Hablar de proceso administrativo tiene, por otro lado, el peligro de
implicar los juicios de la Administración sobre matenas que no son
propiamente desacuerdos administrativos, tal y como sucedería si se
cqnumplara cl proceso laboral mexicano, sustanciado ante (untas de C o n ¬
*" LÉ ttarU de la\ ешеерпонп рюгем'.п у Joi pnipmnios pttxeuXti, Trwj.
Mjpuci ÁcfcJ B.01U i .kbtKbria. Bi. Ai^, p. 2.
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